María Paz Canales*
El miedo, se ha dicho siempre, es mal consejero. En la circunstancia actual, el miedo al hambre y el miedo a la muerte es real y tangible, en una América Latina carente de redes de protección social que aseguren a quienes no pueden salir a trabajar que recibirán el apoyo que les permita alimentarse y alimentar a sus familias hasta que sea seguro volver a salir. La combinación de una pandemia con economías precarias que viven al día y servicios de salud en los cuales se ha invertido escasamente, son los ingredientes para una tormenta perfecta.
En este contexto, la tecnología ha sido convocada para cumplir una gama de roles en la mitigación o control de la pandemia, que pueden ser brevemente categorizadas de forma ascendente de a cuerdo al grado de intrusividad en el ejercicio de derechos:1 información de salud; autodiagnóstico; datos integrados para toma de decisiones de salud pública; trazabilidad de contactos; pasaportes de movilidad y trabajo; y vigilancia de confinamiento.
Cada una de las esferas identificadas cuenta con un abanico de posibilidades tecnológicas de implementación y está sujeta a diferentes niveles de escrutinio por parte de expertos de diferentes disciplinas, pero también despiertan una diversidad de reacciones en la ciudadanía, que las ha visto proliferar en sus distintos contextos locales, y tienen diferentes impactos en el ejercicio de derechos humanos, que merecen ser evaluados.
Sin embargo, no han sido pocos los que han insistido en alertar sobre los cambios fundamentales que el rol asignado a la tecnología en pandemia está generando en la narrativa de ejercicio de las libertades públicas.2 El discurso que envuelve al despliegue de la tecnología en el contexto de la pandemia es rico en metáforas que intentan desdibujar los áridos límites que años de trabajo en estándares internacionales de derechos humanos han intentado plantar como bandera.
No suena tan convincente hablar de legalidad, necesidad, d y proporcionalidad o d, o ponderación de derechos, cuando del otro lado se habla de vencer todos juntos al enemigo invisible, de cuidarnos juntos. Qué más da usar la tecnología a la cual el capitalismo de vigilancia ya nos ha acostumbrado, ahora sí para un fin loable. Y como todos somos necesarios en la lucha, la información recolectada con otros fines por agencias públicas o privadas puede ser redirigida para ser usada contra la pandemia; las desconfianzas en las capacidades y en la probidad de las autoridades deben ser puestas en suspenso, la confidencialidad de los estados de salud puede ser relajada; a las empresas que antes ofrecían tecnología para espiar y amedrentar periodistas y defensores de derechos humanos, o para ejercer control discriminatorio de migrantes y minorías étnicas, se les debe conceder el beneficio de la duda, pues sus capacidades ahora sí serán usadas para el bien público.
Se ha instalado una narrativa de intercambios y compensaciones (trade-off) que busca la normalización de la vigilancia —sin color político, porque todos somos necesarios en la lucha— bajo una lógica de guerra contra un enemigo invisible y poderoso. Pero esta política de vigilancia al servicio del bien común tiene una víctima y no es el virus. Las limitadas capacidades de contribución de la tecnología a la mitigación de la pandemia hacen más probable que ellas terminen dañando más severamente y a largo plazo a las libertades públicas que al SARS-CoV-2.
Particularmente preocupante es que las tecnologías de vigilancia se desplieguen bajo estatutos de emergencia, amparados en lógicas de guerra que permiten situaciones de excepcionalidad en los balances y controles del poder público, liberándoles de la necesidad de la mínima rendición de cuentas, transparencia y supervisión que sería exigida en otro contexto. Esta estrategia no es nueva y, después de años de uso intensivo en la lucha contra el terrorismo post 9/11, la tenemos de vuelta fresca y revigorada por un enemigo invisible, aún más fácil de temer y odiar por su ausencia de humanidad.
La tecnología de vigilancia permite decidir quién está autorizado a participar de la vida pública, quién puede trabajar, quién debe quedarse en casa, quién recibe la ayuda económica que le permita sobrevivir y quién no. Nada de eso es propio de una sociedad regida por principios democráticos ni el respeto y promoción de los derechos humanos, sino más bien un eco de las mejores novelas de ficción que vaticinaban un futuro de autoritarismo y control en nombre del bien público.
Queda claro el riesgo de que estas narrativas asépticas del rol de la tecnología capturen a progresistas y neoliberales, bajo la promesa de un mundo en que la autoridad de turno nos lidere a través de la tecnología hacia el futuro escogido para nosotros en nuestro propio bien. ¿Cuál es la oportunidad entonces? La que nace de ese riesgo. Tenemos frente a nosotros la oportunidad de no dejarnos seducir por la herejía del tecno-optimismo y pedir más de los contextos que acompañan su implementación. Nadie aboga por desterrar a las tecnologías, sino más bien otorgarles el modesto lugar que les corresponde, en un contexto político y normativo que permita poner límites a sus usos y abusos.
La pandemia ha reforzado la ubicuidad de la tecnología en nuestras vidas, y esta es la mejor oportunidad para entender la necesidad urgente de reclamar de vuelta el control individual y colectivo de aquella que se despliega desde el mundo público y privado en nuestro nombre. Nos toca hacernos cargo de proponer bases sólidas para que el uso de la tecnología en contexto de pandemia se encamine a liberar su máxima potencialidad, por limitada que ella sea, con respeto a los derechos de las personas, cuya protección debe estar estar al centro de la estrategia de mitigación de la pandemia.
Eso requiere que, ya sea a través de una legislación ordinaria o de emergencia, se obligue a que las soluciones tecnológicas a implementarse que usen datos personales como insumo en el contexto de pandemia, satifagan los siguientes componentes:
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caracterizar en forma estricta la situación de emergencia y/o el plazo que habilita acceder a los datos personales y sensibles de salud en manos de los distintos órganos del Estado;
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especificar quiénes estarán a cargo del acceso extraordinario a tales datos;
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detallar cuáles son y cómo se utilizarán los datos a los cuales se solicita acceso extraordinario. Y, si son recogidos directamente de sus titulares, que ello se realice en forma voluntaria;
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establecer provisiones de término del acceso y uso extraordinario a los datos, con medidas efectivas de control de acceso o eliminación, en su caso;
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ordenar medidas específicas de seguridad operacional para evitar acceso y uso malicioso de los datos; y disponer que el uso de los datos personales se haga bajo técnicas de pseudonimización o disociación (con algoritmos de anonimización suficientemente robustos) cuando se trate de ofrecer información públicamente disponible, además de tener la seguridad como requisito indispensable, incluyendo el tránsito cifrado de la información y su almacenamiento seguro y resiliente;
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garantizar la representatividad de los datos de los cuales se nutre la tecnología y la toma de decisiones de políticas públicas que ella alimenta, teniendo consideración con los contextos locales que dan cuenta de la marginalización de grupos vulnerables;
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establecer mecanismos de evaluación de la tecnología implementada, en su efectividad y precisión técnica, pero también en su impacto en el ejercicio de derechos humanos y no solo privacidad; y,
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establecer mecanismos de transparencia, control externo y rendición de cuentas que permitan fiscalizar y sancionar fuertemente la desviación de finalidad en el acceso y uso de los datos.
Son estos controles y contrapesos que nos devuelven a nuestros viejos y conocidos estándares de legalidad, necesidad y proporcionalidad en la limitación del ejercicio de derechos humanos que siguen constituyendo una obligación positiva de promoción y protección de los Estados en el contexto de pandemia. Aquí la vacuna no necesita ser inventada, se encuentra disponible en los estándares internacionales de derechos humanos del Sistema Universal y del sistema Interamericanos de Derechos Humanos3, no dejemos que la herejía tecno-optimista que florece en pandemia nos confunda con su perfume.
*María Paz Canales es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho y Tecnología por la Universidad de California, Berkeley. Desde 2017 es Directora Ejecutiva de Derechos Digitales, una organización sin fines de lucro que hace 15 años lucha por el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital en América Latina. Como miembro de Derechos Digitales, participa en el comité de programación del Foro de Gobernanza de Internet de América Latina y el Caribe (LAC IGF) y del Multistakeholder Advisory Group (MAG) del Foro de Gobernanza de Internet (IGF) global. Su trabajo anterior en el sector privado y académico ha estado relacionado con el desarrollo y uso de nuevas tecnologías, desde la perspectiva de propiedad intelectual, libre competencia, regulación de telecomunicaciones y privacidad.
Notas
1 He excluido arbitrariamente aquellas categorías referidas a mejora de capacidad diagnóstica (desarrollo de test rápidos, capacidad diagnóstica a través de IA), tratamientos paliativos (retrovirales, medicamentos paliativos, uso paliativo de plasma) e infraestructura de salud (ventiladores, mascarillas, trajes de seguridad) todas estas tecnologías específicas para los servicios de salud.
2 Evgeny Morozov, The tech ‘solutions’ for coronavirus take the surveillance state to the next level, The Guardian, 15 de abril 2020, disponible en: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/15/tech-coronavirus-surveilance-state-digital-disrupt?CMP=share_btn_link>.
3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/20. Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, 10 de abril 2020, disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf>
Série Lavits_Covid19
A Lavits_Covid19: Pandemia, tecnologia e capitalismo de vigilância é um exercício de reflexão sobre as respostas tecnológicas, sociais e políticas que vêm sendo dadas à pandemia do novo coronavírus, com especial atenção aos processos de controle e vigilância. Tais respostas levantam problemas que se furtam a saídas simples. A série nos convoca a reinventar ideias, corpos e conexões em tempos de pandemia.